Una cosa es hacer política y otra el ejercicio del poder público. La primera está hecha del comportamiento de los actores políticos y sociales en el mundo público, que tiene como contenido los intereses particulares y los públicos. Hacer política es influir sobre los demás, pero no de forma coactiva sino como resultado de una apelación a valores y principios.
La democracia necesita que se haga política, que organizaciones de distinto tipo en cuestiones que atañen a los asuntos de todos se involucren. Cuando se dice, por ejemplo, que toda democracia necesita partidos políticos, lo que se quiere comunicar es que es impensable una democracia sin éstos, pero no viceversa. Es decir, lógicamente podría existir un sistema en que haya partidos sin democracia, cosa que ha ocurrido.
Para ser más exactos, lo que la democracia necesita no es sólo de partidos políticos, sino que los mismos la defiendan como una cuestión de principios, porque dichos colectivos siempre tendrán la vía abierta para defender beneficios y privilegios de que gozan sus miembros, aunque ello tenga una muy dudosa credencial de ser el producto de la democracia. Igualmente, las llamadas organizaciones no gubernamentales hacen política, estén o no conformadas por gente de diversos partidos o no afiliada a ninguno, e independientemente de que, como identidad corporativa, éstas se abstengan o no de manifestar su apoyo a un candidato en un torneo electoral.
La democracia del siglo XXI también necesita que los miembros de la sociedad se activen en organizaciones cívicas, profesionales, sindicales, estudiantiles, etc., no con cualquier contenido, sino para llevar un mensaje a la sociedad que fortalezca la práctica de la democracia. Todo esto -lo que hacen los partidos y la llamada sociedad civil- es hacer política, incluso cuando no se favorece la democracia.
Algo un poco distinto es ejercer el poder del Estado. Aunque se trata de un juego en el que también hay una pelota, hay que tener cuidado de jugar al fútbol cuando se está en una cancha de baloncesto. Las reglas son distintas y los jugadores lo saben. Los especialistas le llaman de modos diversos: el marco normativo, el diseño institucional, no importa los nombres. Lo importante es que el ejercicio del poder público siempre es una actividad sometida a unas reglas muy especiales.
Son especiales porque se encuentran por escrito a la vista de todos en documentos, muy especiales también, que se llaman Constitución y leyes. Ejercen el poder público la Presidenta de la República y sus ministros, los legisladores, los magistrados de la Corte Suprema, y también los tribunales inferiores hasta el último peldaño, que son los jueces municipales. Los jefes de la policía, el procurador, el contralor, los directores de entidades autónomas, etc., también ejercen un poder que por su propia naturaleza es público.
Este carácter público no es una cuestión de forma, sino de contenido, porque no es lo mismo ocupar un cargo que ejercerlo. De la misma forma como a la democracia no le basta que se haga política, sino que se necesita de una política democrática, tampoco le basta con que haya gente que ejerza el poder del Estado. La democracia necesita que el ejercicio del poder público esté orientado a fortalecer la democracia.
Cuando los actores políticos y sociales tienen una predisposición hacia la intolerancia, al irrespeto de los derechos de los otros, una escasa sensibilidad ante las situaciones de injusticia social, y una indiferencia total en cuanto al acatamiento de la Constitución y las leyes, la política comienza a trabajar en contra de la democracia y se requiere de la activación de una política democrática, tanto por los colectivos políticos, como por las asociaciones civiles.
¿Pero qué ocurre cuando quienes ejercen el poder del Estado se dedican a hacer política en función de sus propios intereses y beneficios? Me explico: obviamente las personas que desempeñan cargos públicos siguen siendo personas con intereses personales desde el primer día hasta el último de su período. Desengáñese el que alguna vez pensó que no era así; deje de estar mintiendo por ahí el que dice lo contrario. Es obvio que dichas personas mantienen lo que -a falta de mejor término- podríamos llamar una doble vida, pues al mismo tiempo que ejercen cargos públicos son empresarios, miembros de una familia, de una iglesia, de una o varias asociaciones civiles, etc.
El problema no está en la doble vida, sino en la usurpación de una de las vidas por la otra. La pregunta supone que ésas son realidades insuperables, pero busca despertar una preocupación sobre un problema que es tan actual como perenne: ¿Cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene el ejercicio del poder público en función de intereses particulares y en detrimento de los principios y valores democráticos?
Enrique Iglesias, director del BID, en un texto elaborado para el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL), explica: "Un detenido diagnóstico del desarrollo de la región puede dar cuenta de un crónico déficit democrático que, frecuentemente, se ha traducido en fenómenos de autoritarismo, clientelismo, amiguismo y, en casos extremos, de nepotismo, que han sido la expresión, a nivel del régimen político, de una "captura" de las instituciones y políticas públicas por intereses particulares (de un partido político, o gremio, o grupo económico, o una familia, o intereses regionales y locales).
Esa suerte de "privatización perversa" del Estado, que ha estado en la base de los fenómenos de corrupción, ha conducido a intervenciones estatales desincentivadoras de un funcionamiento eficiente del mercado y promotoras del rentismo y la especulación." Ahora que el Canal es nuestro y una sola bandera ondea sobre este territorio, ¿cuáles son los principales obstáculos para que las panameñas y los panameños podamos darnos un Estado democrático?
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El Panamá América, Martes 15 de junio de 2004
La democracia necesita que se haga política, que organizaciones de distinto tipo en cuestiones que atañen a los asuntos de todos se involucren. Cuando se dice, por ejemplo, que toda democracia necesita partidos políticos, lo que se quiere comunicar es que es impensable una democracia sin éstos, pero no viceversa. Es decir, lógicamente podría existir un sistema en que haya partidos sin democracia, cosa que ha ocurrido.
Para ser más exactos, lo que la democracia necesita no es sólo de partidos políticos, sino que los mismos la defiendan como una cuestión de principios, porque dichos colectivos siempre tendrán la vía abierta para defender beneficios y privilegios de que gozan sus miembros, aunque ello tenga una muy dudosa credencial de ser el producto de la democracia. Igualmente, las llamadas organizaciones no gubernamentales hacen política, estén o no conformadas por gente de diversos partidos o no afiliada a ninguno, e independientemente de que, como identidad corporativa, éstas se abstengan o no de manifestar su apoyo a un candidato en un torneo electoral.
La democracia del siglo XXI también necesita que los miembros de la sociedad se activen en organizaciones cívicas, profesionales, sindicales, estudiantiles, etc., no con cualquier contenido, sino para llevar un mensaje a la sociedad que fortalezca la práctica de la democracia. Todo esto -lo que hacen los partidos y la llamada sociedad civil- es hacer política, incluso cuando no se favorece la democracia.
Algo un poco distinto es ejercer el poder del Estado. Aunque se trata de un juego en el que también hay una pelota, hay que tener cuidado de jugar al fútbol cuando se está en una cancha de baloncesto. Las reglas son distintas y los jugadores lo saben. Los especialistas le llaman de modos diversos: el marco normativo, el diseño institucional, no importa los nombres. Lo importante es que el ejercicio del poder público siempre es una actividad sometida a unas reglas muy especiales.
Son especiales porque se encuentran por escrito a la vista de todos en documentos, muy especiales también, que se llaman Constitución y leyes. Ejercen el poder público la Presidenta de la República y sus ministros, los legisladores, los magistrados de la Corte Suprema, y también los tribunales inferiores hasta el último peldaño, que son los jueces municipales. Los jefes de la policía, el procurador, el contralor, los directores de entidades autónomas, etc., también ejercen un poder que por su propia naturaleza es público.
Este carácter público no es una cuestión de forma, sino de contenido, porque no es lo mismo ocupar un cargo que ejercerlo. De la misma forma como a la democracia no le basta que se haga política, sino que se necesita de una política democrática, tampoco le basta con que haya gente que ejerza el poder del Estado. La democracia necesita que el ejercicio del poder público esté orientado a fortalecer la democracia.
Cuando los actores políticos y sociales tienen una predisposición hacia la intolerancia, al irrespeto de los derechos de los otros, una escasa sensibilidad ante las situaciones de injusticia social, y una indiferencia total en cuanto al acatamiento de la Constitución y las leyes, la política comienza a trabajar en contra de la democracia y se requiere de la activación de una política democrática, tanto por los colectivos políticos, como por las asociaciones civiles.
¿Pero qué ocurre cuando quienes ejercen el poder del Estado se dedican a hacer política en función de sus propios intereses y beneficios? Me explico: obviamente las personas que desempeñan cargos públicos siguen siendo personas con intereses personales desde el primer día hasta el último de su período. Desengáñese el que alguna vez pensó que no era así; deje de estar mintiendo por ahí el que dice lo contrario. Es obvio que dichas personas mantienen lo que -a falta de mejor término- podríamos llamar una doble vida, pues al mismo tiempo que ejercen cargos públicos son empresarios, miembros de una familia, de una iglesia, de una o varias asociaciones civiles, etc.
El problema no está en la doble vida, sino en la usurpación de una de las vidas por la otra. La pregunta supone que ésas son realidades insuperables, pero busca despertar una preocupación sobre un problema que es tan actual como perenne: ¿Cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene el ejercicio del poder público en función de intereses particulares y en detrimento de los principios y valores democráticos?
Enrique Iglesias, director del BID, en un texto elaborado para el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL), explica: "Un detenido diagnóstico del desarrollo de la región puede dar cuenta de un crónico déficit democrático que, frecuentemente, se ha traducido en fenómenos de autoritarismo, clientelismo, amiguismo y, en casos extremos, de nepotismo, que han sido la expresión, a nivel del régimen político, de una "captura" de las instituciones y políticas públicas por intereses particulares (de un partido político, o gremio, o grupo económico, o una familia, o intereses regionales y locales).
Esa suerte de "privatización perversa" del Estado, que ha estado en la base de los fenómenos de corrupción, ha conducido a intervenciones estatales desincentivadoras de un funcionamiento eficiente del mercado y promotoras del rentismo y la especulación." Ahora que el Canal es nuestro y una sola bandera ondea sobre este territorio, ¿cuáles son los principales obstáculos para que las panameñas y los panameños podamos darnos un Estado democrático?
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El Panamá América, Martes 15 de junio de 2004
