UNA de las propuestas de renovación de la democracia panameña más interesantes que circula en estos momentos podría ser la formación de un partido liderizado por sectores de trabajadores, universitarios e intelectuales de izquierda. De concretarse la iniciativa, el nuevo colectivo, lejos de plantearle una crisis de estabilidad al sistema político, le traería una mayor estabilidad a la democracia. Examinemos las razones.
Para empezar, los partidos de izquierda ya no creen en el partido único ni aspiran a implantar la dictadura del proletariado. Un partido de izquierda en Panamá sabría muy bien desde el principio que no puede desempeñar su rol fuera de las reglas del juego del actual sistema electoral. Dicho partido sería una organización regida por el derecho formal y sus actividades serían perfectamente públicas así como sus lineamientos y fondos estarían sujetos a los controles que establecen la Constitución y las leyes. Tendría que ser una organización moderna en todo el sentido de la palabra, es decir, tendría que aprender a vivir los dilemas de la ilustración y la modernidad, y no creer que se encuentra exonerada graciosamente de ellos.
No hay pues ninguna razón para exhumar los viejos temores relativos a los movimientos de la izquierda revolucionaria que caracterizaron el periodo de la llamada Guerra Fría. Parto del supuesto de que los dirigentes del nuevo partido entienden en qué consiste y asumen su deber de lealtad hacia el actual régimen democrático.
Un partido de izquierda, así concebido, le daría en estos momentos un poco más de equilibrio al espectro de posiciones ideológicas actualmente existente en la sociedad panameña, pues ese sector de la opinión política no está satisfactoriamente representado en las ofertas actuales.
Para empezar, los partidos de izquierda ya no creen en el partido único ni aspiran a implantar la dictadura del proletariado. Un partido de izquierda en Panamá sabría muy bien desde el principio que no puede desempeñar su rol fuera de las reglas del juego del actual sistema electoral. Dicho partido sería una organización regida por el derecho formal y sus actividades serían perfectamente públicas así como sus lineamientos y fondos estarían sujetos a los controles que establecen la Constitución y las leyes. Tendría que ser una organización moderna en todo el sentido de la palabra, es decir, tendría que aprender a vivir los dilemas de la ilustración y la modernidad, y no creer que se encuentra exonerada graciosamente de ellos.
No hay pues ninguna razón para exhumar los viejos temores relativos a los movimientos de la izquierda revolucionaria que caracterizaron el periodo de la llamada Guerra Fría. Parto del supuesto de que los dirigentes del nuevo partido entienden en qué consiste y asumen su deber de lealtad hacia el actual régimen democrático.
Un partido de izquierda, así concebido, le daría en estos momentos un poco más de equilibrio al espectro de posiciones ideológicas actualmente existente en la sociedad panameña, pues ese sector de la opinión política no está satisfactoriamente representado en las ofertas actuales.
El efecto estabilizador de la nueva fuerza política consistiría además en que atraería a eso que los analistas políticos panameños han comenzado a llamar el "partido de la calle", es decir, gente que no se siente representada por las fuerzas que se concitan en la Asamblea y que prefieren llevar a cabo acciones de protesta que buscan, no tanto corregir el sistema, sino deslegitimarlo.
Un partido organizado a partir de sectores obreros y gremiales haría nuestra democracia más inclusiva, pluralista y diversa. Su credo no sería solo pro-trabajo, sería también pro-equidad de género, pro-derechos humanos, pro-transparencia, pro-desarrollo local y pro-sostenibilidad ambiental. Es decir, no debe ser una reedición del obrerismo ingenuo del siglo pasado, debe buscar ser integrador y estructurador de intereses democráticos.
Ahora bien, hay otra razón, no menos importante pero un poco más difícil de visualizar. Un partido que busque expresar los intereses de la clase obrera en el marco del desarrollo de la nación es una excelente oportunidad para aprender la diferencia entre la participación sindical o gremial y la participación política.
La democracia necesita limitar los intereses gremiales porque son particulares y disgregadores. Al mismo tiempo, necesita promover y re-lanzar proyectos ciudadanos porque es esa la plataforma a través de la cual la democracia se consolida. Y, claro está, el formar un partido político para hacerse presente con una oferta en la arena electoral es un acto político del ciudadano y no gremial ni sindical.
La trascendencia que tiene el redescubrimiento de esta delicada diferencia radica en la experiencia reciente en la fragua de los consensos sociales. Mientras que el Foro 2020 fue un esfuerzo por lograr acuerdos entre el gobierno, los partidos y la sociedad civil, las iniciativas de consenso de los últimos 18 meses solo comprenden el diálogo entre el gobierno y un abanico, más o menos amplio, de organizaciones de la sociedad civil, destacando la ausencia de intercambios partidarios constructivos fuera de la Asamblea.
El Pacto por la Justicia y el Diálogo por el rescate de la seguridad social no contemplaron a los actores propiamente políticos para llegar a un entendimiento. Los Consejos que se han organizado en los distintos sectores, ya sea el de educación, el de niñez, el de la lucha por la Transparencia y contra la corrupción, tienen una abultada representación de funcionarios de gobierno, acompañados de sectores representativos de la sociedad civil, pero no de miembros de los partidos.
Por eso, los partidos no sienten presión en organizarse de cara a las discusiones temáticas que recogen diariamente los medios de prensa, radio y televisión, en la que los interlocutores son los funcionarios y las organizaciones de la sociedad civil. Esa exclusión -y auto-exclusión- sistemática es la responsable de que a los partidos solo les quede respirar el aire viciado de sus conflictos internos, o tenga un despertar meramente electoral.
Un partido que trabaja internamente en los distintos temas de gobierno para lograr una posición representativa de la organización (que no es la mera opinión de uno de sus dirigentes), y sale después a la palestra pública a orientar a la ciudadanía sobre esa base, es un organización que está en mejores condiciones de recibir respaldo al momento de disputar un torneo electoral.
En conclusión, un partido de base obrera pero con amplio apoyo social podría trasladar a una sede propiamente ciudadana el poder que una desafortunada orientación corporativista en la política panameña ha buscado desplazar hacia gremios de empresarios, productores y trabajadores.
Es una forma de poder político la que se ejerce cada vez que las organizaciones sindicales pactan con el gobierno asuntos que afectan al ciudadano. Los sindicatos y gremios refuerzan los intereses particulares de los trabajadores en detrimento de los derechos de ciudadanía.
En la medida en que el nuevo partido logre que la inserción de los trabajadores en el debate político se dé con el carácter de ciudadanos, es decir, como portadores de intereses universales, tendremos una democracia más sólida y menos excluyente.
Aunque inicialmente no sea un partido de grandes masas, un partido de obreros, profesionales, universitarios e intelectuales, está llamado a hacer un aporte a la vida política de la nación. Quizás con un poco de visión y pensamiento estratégico, podría jugar el rol de las pequeñas fuerzas disciplinadas que terminan por decidir quién tiene la mayoría legislativa y de esa forma logren rediseñar la posición geográfica del centro político. Es un gran reto y el objetivo a lograr no es poca cosa.
Finalmente, como en política todo evoluciona, un esfuerzo exitoso en la inscripción de esta nueva fuerza tendrá efectos aleccionadores en los demás partidos, que parecen no escapar aun de las frustraciones y derrotas del último torneo.
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El Panamá América, Martes 28 de marzo de 2006
